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La minería legal e ilegal en más de 1100 territorios indígenas del Amazonas está asociada a mayores niveles de deforestación

WASHINGTON (7 de octubre de 2020) — Un nuevo informe revela que las operaciones mineras en la cuenca del Amazonas cubren ahora más del 20 % de los territorios indígenas, amenazando así a cientos de comunidades aborígenes y poniendo en peligro a ecosistemas críticos en una superficie de 450.000 kilómetros cuadrados. Este nuevo artículo técnico del World Resources Institute y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) detalla, por primera vez, la dimensión completa de las concesiones de minería a gran escala y de la minería ilegal en territorios indígenas de la selva amazónica, además de ofrecer soluciones. 

Con los precios del oro en vertiginoso ascenso y una creciente demanda por otros minerales, la minería es una amenaza cada vez mayor para los ecosistemas y comunidades de todo el mundo. En el nuevo informe Undermining Rights: Indigenous Lands and Mining in the Amazon (Derechos minados: las tierras indígenas y la minería en el Amazonas), el WRI estima que 1131 territorios indígenas de la cuenca amazónica sufren el impacto de la minería legal e ilegal. El estudio indica que los mineros ilegales han invadido 370 territorios indígenas, muchos de estos en Brasil, donde toda la minería en tierras indígenas es ilegal. Además, las operaciones mineras ilegales están filtrando químicos tóxicos (mercurio, por ejemplo) en al menos 30 ríos del Amazonas. 

Peter Veit, director de la Iniciativa de Derechos sobre la Tierra y los Recursos en WRI y coautor de este informe, afirmó que: “A pesar de la creciente evidencia de que los Pueblos Indígenas se encuentran entre los custodios ambientales más importantes del mundo, nuestro estudio confirma lo que los líderes indígenas del Amazonas nos vienen diciendo durante años. En todo el Amazonas, los territorios indígenas sufren el asedio de la minería, tanto legal como ilegal, y estas actividades están deteriorando la capacidad de las comunidades para protegerse, prevenir la deforestación y cuidar ecosistemas esenciales para el bienestar del planeta”.

Investigaciones pasadas del WRI descubrieron que, en tierras con tenencia garantizada a indígenas, las tasas de deforestación son de dos a tres veces menores que en los demás territorios. El nuevo informe revela también que la minería está socavando la capacidad probada de las comunidades para prevenir la deforestación: entre el 2000 y el 2015, las tierras indígenas del Amazonas donde se desarrollan actividades de minería tuvieron una mayor pérdida de la cubierta arbórea que aquellas sin minería. En Bolivia, Ecuador y Perú, la pérdida forestal fue al menos tres veces mayor en los territorios indígenas con operaciones mineras –tanto legales como ilegales– que en el resto; y de una a dos veces mayor en Colombia y Venezuela. 

“Descubrimos que si bien todos los países del Amazonas conceden ciertas protecciones legales importantes a los Pueblos Indígenas, tales protecciones suelen aplicarse de forma débil o desigual”, detalló Patricia Quijano Vallejos, consultora legal internacional y coautora del artículo. “Los gobiernos son propietarios de los recursos minerales o los controlan, por lo que los Pueblos Indígenas no pueden prohibir la entrada a mineros con permisos gubernamentales ni tampoco acceder plenamente a los minerales de sus territorios”. 

En su análisis legal de seis países amazónicos que controlan más del 90 % de la cuenta del Amazonas (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú), Quijano Vallejos y sus coautores descubrieron que las legislaciones y normativas nacionales suelen favorecer a las empresas antes que a los Pueblos Indígenas. 

Además del daño al ecosistema, una débil supervisión gubernamental de las actividades mineras puede causar también conflictos violentos entre las comunidades indígenas y los mineros. En 2019, fueron asesinados más defensores ambientales –muchos de ellos de Pueblos Indígenas– que protegían sus tierras frente a la minería que en cualquier otro sector, y dos tercios de los homicidios se produjeron en América Latina. 

Incluso en países como Guyana, la única nación analizada por la investigación del WRI que concede a los amerindios un derecho limitado a aprobar los desarrollos mineros en sus tierras, las autoridades tienen alternativas para eludir la legislación. 

“La realidad en el terreno es bastante distinta”, señala Michael McGarrell, quien representa a la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana y es el coordinador de derechos humanos de COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca), la organización marco de todas las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. “Los funcionarios gubernamentales pueden decir, por ejemplo, que una concesión minera en territorio amerindio es de interés público. Esto implica que aunque una comunidad diga que no, el ministro puede decir que sí”.

¿Qué podemos hacer? El informe del WRI describe los pasos concretos que pueden dar los funcionarios para proteger a los Pueblos Indígenas frente a las actividades mineras dañinas.

“Proteger a las comunidades indígenas exigirá un cambio radical en el abordaje de los gobiernos a la minería”, indica Eleodoro Mayorga Alba, ex ministro de minas del Perú, donde se ha logrado un importante avance en la adopción de una legislación que proteja a las comunidades indígenas y sus territorios. “Esto comprende implementar y aplicar protecciones sociales y ambientales que estén en consonancia con las normas internacionales, supervisar de forma más sistemática las operaciones de minería en tierras indígenas y redoblar los esfuerzos para identificar y procesar a quienes hacen posible las prácticas mineras ilegales”.

El informe encontró también que, en varios países, las comunidades indígenas han ejercido con éxito sus derechos para detener la minería ilegal y nociva en sus tierras. Ofrece una serie de estudios de casos donde se implementaron medidas exitosas para bloquear la minería en regiones tales como Yaigojé Apaporis, en el Amazonas colombiano, y las tierras de las comunidades indígenas Shipibo y Ese’Eja, en el territorio de Tres Islas del Perú. Pero, a fin de garantizar los beneficios a largo plazo, las comunidades indígenas necesitan ayuda financiera y técnica para supervisar las prácticas mineras ilegales en sus tierras, reconocer las amenazas y reunir evidencias que puedan usar en los juzgados. 

En última instancia, proteger los territorios indígenas –así como el desarrollo sostenible y los beneficios ambientales que estos generan– exigirá un mayor compromiso y acciones urgentes de gobiernos, empresas, líderes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y demás participantes. El nuevo informe detalla esos compromisos y acciones para todos los actores clave, a fin de que los Pueblos Indígenas puedan proteger sus tierras y medios de subsistencia de forma segura. 

Lea el informe completo aquí y descubra más sobre la Iniciativa de Derechos sobre la Tierra y los Recursos del WRI aquí

Contacto:
Wanda Bautista, wbautista@burness.com, +1.302.233.5438
Mansie Hough, mansie.hough@wri.org, +1.202.235.2272